Carlos G. Velasco. Por cuestiones de trabajo, todos los meses me veo en la obligación de asistir a la celebración de un pleno de un Ayuntamiento.Independientemente de la tediosa labor que me toca desempeñar en él, que no dejan de ser gajes del oficio, es en estas situaciones cuando me doy cuenta de la gran pantomima que supone el "sistema democrático".
Mociones de fondo absurdo que no llegan a ningún lado, alegatos más propios de un patio de colegio de primaria, acuerdos que solo llegan a la unanimidad a la hora de aprobarse el sueldo o un continuo ir y venir de concejales que salen a fumar y a hablar por el móvil, sin el menor interés sobre que lo que se trata, son solo algunas de las lindezas que me toca presenciar ante la impasividad del resto de agentes que allí nos concentramos y que ven esa caricaturesca obra de teatro como lo más normal del mundo.
El artículo 103 de la Constitución reza que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".
¿Objetividad? ¿Intereses generales? ¿Eficacia?
